Bogotá, 24 jun (EFE).- La denuncia de la violación de una niña indígena por un grupo de soldados colombianos provocó este miércoles el repudio unánime de la sociedad a los agresores, en momentos en que la conducta de miembros del Ejército es cuestionada en diversos frentes.La menor de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, supuestamente fue secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo, según los detalles que aparecieron miércoles en medios locales.

Fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quien hizo pública la acusación esta mañana en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.

“Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katío, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”, expresó Queragama.

CONTUNDENCIA JUDICIAL

Ante la gravedad de la denuncia, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que su Gobierno va a “enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia”, y agregó que si toca “inaugurar la cadena perpetua” aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará.

El Senado de Colombia aprobó la semana pasada la cadena perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución.

“A mí me duele que se señale a miembros de la fuerza pública de haber cometido una violación de una niña indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones. Y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos y con cualquiera que quiera pisotear la dignidad de un niño”, enfatizó Duque.

Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina, quien añadió que el caso irá a la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar y que el Ejército “seguirá los parámetros que a esto corresponde”.

EL EJÉRCITO, EN PUNTO DE MIRA

En los últimos meses el Ejército colombiano ha protagonizado varios escándalos como el espionaje entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros y defensores de derechos humanos.

A ese escándalo le siguieron los resultados de una investigación interna que en mayo de este año reveló que oficiales del Ejército estaban involucrados en actos de corrupción, incluida la venta de armamento a bandas de narcotraficantes y disidencias de las FARC.

La denuncia de violación de la menor indígena es la enésima mancha que recae sobre los militares colombianos que el año pasado estuvieron en el ojo del huracán tras la revelación de que al menos ocho menores de edad reclutados por disidentes de las FARC murieron en un bombardeo en el departamento de Caquetá, lo que forzó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

SOMBRA DE IMPUNIDAD

La coordinadora de la organización Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez, aseguró a Efe que este hecho muestra la “desidia” y la “incapacidad” del Estado colombiano para “prevenir y poner límites” así como para “eliminar la violencia contra las mujeres”.

El repudio público “no pasará de ser una gran conmoción hoy” pero dentro de “dos o tres meses los culpables estarán otra vez en servicio o los trasladarán a otro lugar”, advirtió.

“Las mujeres estamos cansadas de escuchar siempre lo mismo (…) Que digan que aplicarán la pena de muerte o la cadena perpetua no soluciona nada mientras no se empiece a otorgarle valor al cuerpo y a la vida de las mujeres”, agregó.

VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA

Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia sexual históricamente ha sido parte de un cálculo estratégico por parte de los grupos armados que hacen de ella un arma de guerra contra las mujeres.

“Imagínense cuál es la situación que viven las niñas y jóvenes en territorios donde la única institucionalidad que hay es la fuerza pública. Hombres armados legalmente que supuestamente van a cuidarlas son los que representan mayor riesgo para ellas”, dijo a Efe la directora de la Corporación Humanas Colombia, Adriana Benjumea.

Corporación Humanas, que representa a víctimas de violaciones de todos los grupos armados, presentó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un informe sobre 47 casos de abuso sexual ocurridos entre 1983 y 2014 en la región de los Montes de María, 10 de estos cometidos por integrantes de la fuerza pública.

“¿Cómo las víctimas creen en una institucionalidad que está vulnerando sus derechos? Es un mensaje muy doloroso. Aquí porque hubo una organización que pudo denunciar, pero hay víctimas que no pueden contar con la comunidad porque tienen que callarse ante el miedo de ser asesinadas”, agregó Benjumea.

La abogada subrayó que la impunidad histórica frente a estos casos demuestra la falta de compromiso del Estado con las víctimas, mientras las autoridades se escudan en “discursos populistas” que “no le sirven a nadie”. EFE

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