I. Fiscalía pide cerrar el caso contra Uribe, que queda en manos de un juez

Ovidio Castro Medina

Bogotá, 5 mar (EFE).- El proceso por presunto fraude procesal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), que estuvo en detención domiciliaria más de dos meses, dio este viernes un giro con la decisión de la Fiscalía de pedir su preclusión, pero el caso aún no quedará cerrado sino en manos de un juez que será el que decida qué camino seguir.

Bogotá, 5 mar (EFE).- La Fiscalía de Colombia pidió este viernes la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó “no tienen la característica de delito”.

Uribe -que hasta agosto era senador por el Centro Democrático, partido del presidente colombiano, Iván Duque- tiene más de un centenar de procesos ante la Justicia colombiana por actuaciones que van desde su proceder cuando era gobernador del departamento de Antioquia hasta su Presidencia, pero el caso actual es el más avanzado, aunque paradójicamente sea por un delito de los menos graves.

Uribe permaneció, desde el 4 de agosto y hasta el 10 de octubre, 67 días en detención domiciliaria en su finca “El Ubérrimo”, convirtiéndose, por orden de la Corte Suprema, en el primer expresidente en ser detenido, aunque de forma preventiva, en el país.

Sin embargo, en una decisión “cantada”, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, solicitó hoy ante un juez del circuito la preclusión del caso contra Uribe por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó “no tienen la característica de delito”.

El senador de izquierdas Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo a Efe que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue “algo legal”.

“Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe”, dijo el congresista del Polo Democrático Alternativo (PDA).

LA DECISIÓN

Jaimes -nombrado por el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, cercano al presidente Duque que a su vez es ahijado político de Uribe- justificó su decisión al considerar que las conductas con las que se le vinculó al expresidente “no tienen la característica de delito”.

“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, dijo Jaimes en un comunicado.

Al poco tiempo de conocerse la decisión, que no tomó por sorpresa a nadie, el senador Cepeda anunció en una conferencia de prensa que demandará a Jaimes por el presunto delito de prevaricato porque la decisión favorece a Uribe apartándose de la ley.

La querella será presentada en los próximos días por Cepeda y por el ex fiscal general de Colombia Eduardo Montealegre, que hacen parte del proceso en calidad de víctimas.

“Anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet y de mis abogados presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión”, dijo el congresista en una rueda de prensa virtual.

Cepeda basa su demanda en que Jaimes supuestamente favoreció los “intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe”.

Detalló que Jaimes ha pretendido invalidar lo realizado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas “beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso”.

Por su lado, el expresidente Uribe dijo en redes sociales que lo ocurrido hoy con su caso es un “paso positivo” y agradeció a la gente las expresiones de “solidaridad”.

LEJOS DEL FINAL

La decisión de Jaimes, lejos de ponerle punto final a este caso, abre un abanico de posibilidades porque las partes serán citadas por un juez que escuchará las tesis de cada uno. Para esa cita no hay todavía una fecha definida.

En esa dirección la Fiscalía dijo que sus conclusiones para pedir el cierre del sumario “serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto” y que “podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados”.

Y, además, recordó que es de su resorte “solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar”.

Es previsible que sea cual sea la decisión del juez, una de las partes quede a disgusto y apele la decisión al Tribunal Superior de Bogotá, que puede tardar años en pronunciarse al respecto.

Mientras tanto, la lluvia de reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar e incluso hay llamados a realizar plantones de apoyo a Uribe y a Jaimes, en tanto que otros consideran que ese pedido de preclusión está por fuera de la ley. EFE

II. ¿Qué viene ahora que el Fiscal pidió cerrar del caso del expresidente Uribe?

Bogotá, 5 mar (EFE).- La Fiscalía colombiana pidió este viernes el cierre del caso por supuesto fraude procesal y soborno de testigos que tiene al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como principal investigado, pero por delante hay aún un proceso judicial antes del cierre definitivo que puede durar incluso años.

“El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe”, alegó hoy la Fiscalía.

Con ello, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, que lleva el sumario de Uribe, solicitó la preclusión de la investigación contra Uribe y ahora se asignará un juez para citar a las partes para esa diligencia judicial.

¿ES NORMAL ESTA DECISIÓN DE LA FISCALÍA?

Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, dijo a Efe que la decisión de Jaimes “no significa un cisma” para la justicia porque pedir la preclusión está dentro de sus atribuciones.

“Eso pasa cada rato en procesos (pedir la preclusión). En lo jurídico eso le corresponde al Fiscal del caso. Otra cosa es lo que pueda generar en el ámbito político la decisión”, explicó el penalista.

Agregó que seguramente la “última palabra” la tendrá el Tribunal Superior de Bogotá a donde llegará la querella porque cuando el juez defina algo “muy seguramente una de las partes no estará de acuerdo”.

“Eso no tiene términos (fecha para tener decisión final) y por eso creo que demorará algún tiempo en conocerse la decisión final”, puntualizó Bernate.

¿QUÉ SE DECIDIRÁ EN LA PRIMERA AUDIENCIA?

El juez Penal del Circuito asignado decidirá en una audiencia pública, que aún no tiene fecha, si acepta o rechaza la solicitud de la Fiscalía.

“El camino de la impunidad sigue su curso pero puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República”, calificó hoy el abogado Reinaldo Villaba, abogado del senador Iván Cepeda, contraparte en el proceso en calidad de víctima.

Cabe recordar que la Fiscalía se pronunció sobre este caso después de que el expresidente renunciase el pasado agosto a su escaño en el Senado, y el caso pasase de la Corte Suprema, que es quien juzga a aforados, a la justicia ordinaria.

La Corte Suprema recopiló testimonios, conversaciones de WhatsApp, interceptaciones telefónicas al abogado Diego Cadena, del equipo de Uribe, audios que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve grabó con un reloj-grabadora desde la cárcel de La Picota (Bogotá) donde estaba preso, y soportes de los supuestos dineros o ayudas entregadas a los testigos.

En este caso, Uribe y su equipo habrían usado a estos testigos, presuntamente, para que declarasen a su favor y en contra de Cepeda quien había acusado al expresidente de supuestos vínculos con el paramilitarismo.

¿QUÉ PASA SI EL JUEZ AVALA LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA?

Si el juez decide dar la razón a la Fiscalía y ordena la preclusión del caso, entonces las víctimas, es decir, Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre, pueden (o no) apelar el caso.

Deberán acudir al Tribunal Superior de Bogotá para presentar esta apelación, y ahí otro juez tendrá que decidir si vuelve a dar la razón a la Fiscalía o le niega la petición.

Tanto Fiscalía como las víctimas podrían interponer un recurso de casación, una vez este juzgado resuelva, a la Corte Suprema, que es la última instancia a la que la decisión de preclusión puede llegar.

Si la Corte Suprema rechaza la petición de la Fiscalía, entonces estaría obligado a presentar cargos contra Uribe y comenzaría el juicio como tal contra el expresidente.

¿QUÉ PASA SI EL JUEZ RECHAZA LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA?

Ahora bien, si el juez asignado decide rechazar la petición de preclusión, la pelota vuelve al campo de la Fiscalía, que puede presentar un nuevo escrito de preclusión (y volver a la casilla de salida) o apelar esa decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El Tribunal Superior de Bogotá podrá decidir a favor o en contra de la preclusión, como en el otro caso, y ambas partes podrían llegar a la Corte Suprema.

En todo caso, la decisión de la Fiscalía ha supuesto que se prolongue un posible juicio contra el expresidente y lo ha situado como una posibilidad remota y difícil de que suceda.

Paralelamente, Cepeda y Montealegre anunciaron hoy que presentarán una denuncia contra el fiscal Jaimes por prevaricación, porque consideran que actuó en favor de los intereses del procesado. Pero ese sería un proceso judicial diferente. EFE

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