Ovidio Castro Medina
Bogotá, 23 sep (EFE).- El debate sobre la violencia policial en Colombia tomó nuevos bríos con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que considera “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” su acción contra manifestantes, avivando la división política existente en el país.
En una sentencia de 170 páginas en el cual dos magistrados salvaron su voto, la Sala Civil de la Corte falló una tutela (recurso de amparo) de 49 ciudadanos y movimientos que consideraron que el Gobierno y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) se excedieron durante las manifestaciones de noviembre pasado, lo que amenaza su derecho a manifestarse.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry considera que el fallo de la Corte Suprema invade competencias de otros poderes, como el Ejecutivo, y lo considera inapropiado porque además las tutelas son individuales y proceden cuando el afectado no tiene otros medios jurídicos para defenderse.
“La tutela es para proteger el derecho del solicitante, es de efectos particulares y no generales, entonces la tutela termina desvirtuada porque un juez sin verificar la procedibilidad de la acción termina dictando órdenes generales a otras ramas del poder público, excediendo sus funciones e interfiriendo en las funciones de otros”, dijo Charry a Efe.
VIOLENCIA EXCESIVA
En su decisión, la Corte Suprema no solo dice que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es exagerada, sino que ordena al Ejecutivo “adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.
También ordena que el Esmad no vuelva a utilizar la escopeta calibre 12 hasta que haya una verificación que “constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento”.
En las protestas de noviembre pasado el estudiante Dilan Cruz murió luego de recibir un disparo de una de esas armas accionada por un miembro del Esmad durante una manifestación en el centro de Bogotá.
Para su decisión, la Corte también tuvo en cuenta videos de brutalidad policial como uno en el que se ve a un policía que le da una patada en la cara a una mujer, así como golpes a estudiantes cerca de la Universidad de los Andes y el uso de gases para disolver una protesta pacífica en la Plaza de Bolívar, entre otras.
“Se trata de una sentencia notable y oportuna que ordena medidas apropiadas para frenar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las protestas en Colombia. Espero que esta sentencia ayude a iniciar un proceso exhaustivo e integral de reforma policial en el país”, dijo a Efe el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
CRÍTICAS A LA SENTENCIA
El fallo fue celebrado por defensores de derechos humanos y cayó como un balde de agua fría en el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, no solo porque se produce en momentos en que el país cuestiona recientes actos de abuso policial sino porque además ordena al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, disculparse “por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”.
Para el constitucionalista Charry, “toda la consideración del fallo es sesgada pese a que el texto anuncia que no”.
Desde su punto de vista, el “fallo comete un error muy grande que es juzgar, hacer un juicio de peligrosidad del cuerpo antimotines de la Policía, del Esmad, a partir de lo que le dicen los solicitantes”.
El jurista asegura que el fallo no tiene en cuenta los deberes que tienen las personas para cumplir las leyes, como cuando las protestas dejan de ser pacíficas y entran en acción vándalos que destruyen bienes públicos y privados.
“Acá el juez (la Corte Suprema de Justicia) compró la visión del demandante y no hizo las consideraciones de las autoridades públicas, ni de lo que ocurre con manifestaciones violentas”, argumenta.
EL GOBIERNO PEDIRÁ REVISIÓN
Frente a las 14 órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno dijo hoy, luego de una reunión en la Casa de Nariño, que pedirá a la Corte Constitucional que revise el fallo y, de entrada, dijo que el Esmad actúa “exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delito”.
Las manifestaciones sociales en Colombia suelen terminar en actos vandálicos que, según sindicatos y organizaciones convocantes, son causados por infiltrados, lo que lleva a la Policía a usar la fuerza para controlar los desmanes.
El ministro de Defensa, encargado de dar a conocer la posición del Gobierno frente al fallo de la Corte Suprema, recordó que Colombia es uno de los 105 países del mundo que tiene un escuadrón policial para controlar los disturbios y que ese cuerpo actúa bajo estrictos protocolos nacionales e internacionales.
Con respecto a los casos más graves de violencia policial, Trujillo dijo que “esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes (…) actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual”.
Entre tanto, Charry aseguró que el Gobierno “se equivocó” al pedir la revisión a la Corte Constitucional porque ese tribunal selecciona las tutelas que va a revisar y mientras eso sucede el Ejecutivo tendrá que acatar el fallo.
Recordó que a la Corte Constitucional llegan cerca de 40.000 tutelas al mes y que de esas se escogen internamente entre 100 ó 200 con lo que “la posibilidad de que lo seleccionen (para revisión) está por debajo del 0,4 por ciento”. EFE
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