Por Iván de J. Guzmán López

Una bella expresión, que justamente goza de un amplio campo semántico, es aquella que dice que “Después de la tormenta, viene la calma”.  Y estoy seguro que para Colombia, después del campanazo de 2019  (a mi juicio, mal escuchado, mal manejado y un poco desoído) y luego de este paro de 2021, debemos dar un vuelco responsable y total a nuestra economía, partiendo de la simple obligación de tener a un ciudadano con necesidades básicas satisfechas, y orgulloso de su dirigencia.

El papel puede con todo, dirán los ciudadanos desencantados. Y con justa razón. El desafío es duro y perentorio: dar un vuelco responsable y total a nuestra economía. Ello implica dinamizar los distintos sectores productivos, para lograr un crecimiento económico sostenido, confiable y manejado responsablemente; es decir, desde la perspectiva de un proceso de desarrollo, entendido este como un ejercicio multidisciplinario, que traspasa la simple esfera económica y trasciende los apetitos particulares y voraces de acumulación, para sumarse y anexarle  las dimensiones  humanas, social, cultural, ambiental, política, ética y de género.

El combate a la pobreza (que es la lucha por la simple y natural tarea pública de tener a un ciudadano con necesidades básicas satisfechas y orgullosa de su dirigencia, citada en segunda instancia), implica la generación de riqueza a partir de dicho crecimiento económico y pasa por la aplicación de medidas de política económica, de creación de empleo y de redistribución.  Específicamente, si queremos que Colombia sea una democracia con futuro, como es el deseo de millones de colombianos (en contravía de unos pocos que quieren incendiar la pradera para cultivar sus horrores, ya señalados por la historia y por el presente calamitoso de varios pueblos en América), debemos trabajar ya, para ello. Es tarea inmediata, y más que como consecuencia del paro, debe ser una decisión oportuna, necesaria y responsable de una dirigencia política y gremial que se comprometa, entre otras cosas, con una política fiscal clara y democrática, con crear un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, redefinir la regla fiscal, redistribución de las cargas fiscales, tributaria y ambientales, fortalecer (acorde a tiempo, modo y lugar) el gasto social; es decir, focalizarlo a quienes sea necesario  y vigilarlo  adecuadamente para que no se convierta en factor de politiquería, vena rota o incentivo a la vacancia.

Apuestas similares se vienen escuchando por parte de líderes honestos, que han demostrado que quieren a Colombia. Uno de ellos, es el exgobernador de Antioquia Luis Perez Gutiérrez (Colombia camino a la bancarrota. elcorreo, mayo 23, 2021), quien habla, como salida inmediata a la crisis, de tres propuestas, a saber:

Primera. Hay que derogar y recuperar las exenciones tributarias que el gobierno le regaló o entregó a los grandes capitales en la reforma tributaria de 2018. Según el excelente informe de la Contraloría General de la República (marzo de 2021), el gobierno, en 2018, eximió de impuestos al sector bancario por $2.8 billones cada año; al gran sector Industrial le dio exenciones por $1.2 billones; y al gran sector del comercio en $1 billón. Esto significa que el costo fiscal de las exenciones de 2019 en solo tres sectores fue de $5 billones anuales; y cada año aumentan. Entre 2018 y 2019, las exenciones crecieron un 76% (CGN, 2021). En diez años, se quedan con más de $50 billones. El País no aguanta el costo fiscal con el que tiene que cargar al dar tantas exenciones a los más poderosos. En lugar de esa nefasta reforma tributaria que buscaba encoger más a la clase media, se debieron quitar estas exenciones a los más poderosos y así, se hubiese evitado la tragedia humana y de institucionalidad que vive Colombia. Pareciera que en el Ministerio de Hacienda son los grandes capitales los que dictan los proyectos de reforma tributaria. El gobierno debería presentar un proyecto de ley de una página, simple, que derogue esas exenciones tributarias a los grandes capitales.

Segunda. Que la calificación crediticia de Colombia caiga a categoría BASURA y que Colombia pierda el grado de Inversión, es un señalamiento al gobierno nacional de tener exorbitantes gastos ostentosos y de funcionamiento. Guardar silencio en favor del derroche, es seguir llamando a la protesta. El Gobierno tiene la obligación inmediata de tomar medidas severas en reducción del estado y del gasto público. Sugiero con respeto, que el Presidente ordene reducir con severidad los gastos del estado de burocracia y funcionamiento en al menos $3 billones para que ahorre en 10 años $30 billones. Y saque a Colombia del deshonroso grupo de países con categoría crediticia BASURA.

Tercera. En las calles y en las marchas, la gente expresa con furia y odio, los altos costos del Congreso de la República. Cada congresista, le cuesta a Colombia $2.500 millones anuales según cálculos de Tomás Uribe. De un tajo, se debería recortar el costo de cada congresista, a la mitad, a un promedio máximo de $1.250 millones año, que es recortar en esencia el Congreso, conservando la presencia de las regiones pero sin derroches. Así, el país ahorraría $4 billones en 10 años”.

Por lo pronto, es alentador ver cómo el sector primario de nuestra economía, específicamente el campo colombiano, marcha en un camino acelerado hacia la competitividad, partiendo de que, en este gobierno, el campo es escuchado; fue provisto de créditos necesarios y comprendió  que no puede gravar con IVA del 19% a los insumos agroindustriales, y menos a los productos básicos de la canasta general, conformada ella en un 60% de productos del campo. Satisface ver cómo el sector agrario, con sus 7.1 millones de hectáreas para cultivar, hoy jalonan la economía colombiana y su estimativo de crecimiento, para este 2021, será de un 2.8%; y consecuentemente, elevará de muy buena manera el PIB del campo y de muchos colombianos.

Como simple colombiano, considero que dar un timonazo al barco a tiempo, es propio de capitanes que aman su nave y mucho más a su tripulación. Después de la tormenta, vendrá la calma; así pues, sin duda esta tormenta servirá para enderezar cargas y traernos la ansiada calma social y de espíritu.

Al pesimismo de la razón de muchos, opongo el optimismo del corazón. El de mi corazón. Si todos aportamos, puedo decirle a nuestros queridos jóvenes, a los marchantes, a los políticos sin compromiso, a los empresarios de chequera insaciable, a los corruptos, a los servidores de reloj en mano,  a los incendiarios, que ¡Colombia es una democracia con futuro!