Bogotá, 30 sep (EFE).- El Gobierno colombiano decidió no otorgar la licencia solicitada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. para construir el puerto de Tribugá, sobre el océano Pacífico, un controvertido proyecto que ponía en riesgo ecosistemas y comunidades nativas.
La decisión fue anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) luego de cuatro años de análisis y debate sobre el megaproyecto con el que la Sociedad Arquímedes pretendía ocupar de forma temporal y exclusiva, por un periodo de 20 años, bienes de uso público para la construcción del puerto en el selvático departamento del Chocó.
“Al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI declara el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria”, informó la entidad.
INCONVENIENCIA AMBIENTAL
El golfo de Tribugá es una de las regiones más biodiversas del mundo, hábitat de numerosas especies de animales y esa parte del océano Pacífico es un corredor marino vital para especies en peligro de extinción.
Argumentando la protección de miles de especies de esa área protegida, decenas de organizaciones ambientalistas se opusieron a la construcción del puerto.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, sigla en inglés), Tribugá es una de las principales zonas de reproducción de ballenas jorobadas que cada año migran desde la Antártida a tener sus crías en ese lugar, nombrado por la organización internacional de conservación marina Mission Blue como uno de los más recientes “Hope Spots” (Puntos de Esperanza) de la región.
“Las implicaciones sociales y ambientales de la construcción del puerto de Tribugá generarían graves afectaciones a las comunidades indígenas y negras que viven en esos territorios, especialmente en la Serranía de Baudó”, dijo a Efe el asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, Mauricio Cabrera.
El experto dijo que el puerto implicaría construir una carretera de más de 70 kilómetros atravesando la Serranía de Baudó, además de 100 kilómetros de vías que tendrían que ser adecuadas para permitir el acceso de vehículos.
PROGRESO EN ENTREDICHO
Los defensores del proyecto argumentaban que la obra ofrecería nuevas alternativas económicas y de desarrollo para los pobladores del Chocó, el departamento con mayor índice de pobreza monetaria del país, según el Departamento Nacional de Planeación.
Sin embargo, Cabrera recordó que las comunidades indígenas y negras de la región han planteado unos planes de vida y de desarrollo que no contemplan ese tipo de infraestructuras, lo que las “afectaría sensiblemente”.
“De acuerdo con las estimaciones de capacidad portuaria, hay subutilización en el puerto de Buenaventura, lo cual implica que hacer inversiones públicas en ese tipo de infraestructura no es considerado pertinente ni viable en las condiciones actuales del país”, dijo.
Cabrera se refirió al puerto de Buenaventura, el principal del país en el Pacífico, por donde se mueve alrededor del 60 % de las mercancías que entran y salen de Colombia.
En las discusiones alrededor de ese proyecto también se tuvieron en cuenta los impactos en la deforestación que, según Cabrera, “seguramente traería la construcción de esta nueva carretera y de esta nueva infraestructura”.
ORGANIZACIONES CELEBRAN
La cancelación del puerto fue celebrada por organizaciones que consideran que la obra ponía en riesgo el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría, que es refugio de 10 de las 16 especies de corales registradas en el Pacífico colombiano, hogar de 106 especies de peces y muchas otras de moluscos, crustáceos e invertebrados.
“La ANI acaba de anunciar que desiste del proyecto de concesión de ese puerto de aguas profundas en Tribugá. Esto es un gran triunfo de la ciudadanía, de las comunidades que se organizaron y pidieron la ayuda de la academia y organizaciones internacionales”, manifestó la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Catalina Ortíz, opositora de la obra.
Según la congresista el proyecto era inconveniente porque, entre otras afectaciones, aproximadamente 916 hectáreas de manglares de las 2.000 existentes en el Chocó se perderían con la construcción del puerto, por lo que defendía mayores inversiones en el puerto de Buenaventura en vez de la construcción de uno nuevo.
En la mayor parte del área protegida de Tribugá hay además tres resguardos indígenas de la etnia embera y en su zona de influencia están las comunidades negras de Bahía Solano y Nuquí, que viven de la agricultura y la pesca artesanal. EFE
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